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13 Oct 2008
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lA DESICION DE LA CORTE Y DOS EDITORIALES SOBRE LO MISMO
1. http://www.colectivodeabogados.org/
2. EDITORIAL EL ESPECTADOR, SEMANA DEL 29 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DE 2007
LOS AFANES DE HOY
El nuevo choque de trenes presentado esta semana por la decisión de la
Corte Suprema de Justicia de considerar un “imposible jurídico” el
otorgarles la condición de sediciosos a los paramilitares y el empeño del
presidente Álvaro Uribe en encontrar la manera de que se les acepte dicha
condición para “cumplir con lo pactado en el proceso”, ha desempolvado las
muchas críticas y advertencias que se hicieron —y fueron despreciadas—
sobre la improvisación y la falta de claridad que han acompañado desde el
inicio la negociación con los grupos paramilitares. Por ejemplo, que se
avanzaba sin un marco jurídico previo, que ningún compromiso estaba por
escrito, que se negociaba al escondido y no de frente al país, que se
avanzaba para mostrar resultados inmediatos sin pensar en los pasos
siguientes o que no existían consensos mínimos que le dieran solidez al
proceso.
Muchas veces, ver solamente la fotografía del momento y no la película
completa permite manipulaciones y medias verdades. Ha quedado claro que el
Gobierno Nacional en su negociación con los paramilitares prometió —sin la
potestad para hacerlo— que serían juzgados por sedición y resulta cuando
menos sorprendente que apenas ahora se acepte que fue así y que es urgente
encontrar una fórmula para cumplir lo pactado. El afán de hoy, entonces,
no es más que el resultado obvio de la improvisación y el desdén frente a
las recomendaciones que han caracterizado este proceso. Y las luces que se
piden ahora para salvarlo son aquellas que se desecharon, bien por de
quién venían o bien por el convencimiento de la infalibilidad del Gobierno
en su negociación. Achacar la suerte del proceso a la Corte Suprema por su
decisión perfectamente ajustada a la normatividad vigente, es un
despropósito mayor.
Con todo, hay unos hechos cumplidos y quedarse en lo que pudo haber sido y
no fue no va a solucionar nada. Es un hecho que el proceso, a pesar de sus
improvisaciones y poca claridad, ha avanzado mucho y que es importante
tratar de encauzarlo de nuevo. El problema es cómo.
Con la audaz maniobra de traer a colación los delitos atroces de la
guerrilla —que no son indultables—, el presidente Uribe insiste en
conseguir que los paramilitares sean considerados delincuentes políticos
mediante la presentación al Congreso de un nuevo proyecto de ley, algo que
se había desechado hace apenas una semana. Con lo cual se confirma lo que
la Corte Suprema denunció en su sentencia: “la fijación de penas altas y
sus correlativos descuentos obedecen al péndulo de la opinión pública”.
Quizás hoy, como tantas veces en el pasado, suceda de nuevo. Mediante la
imposición de sus mayorías en el Congreso, el Presidente seguramente
sacaría adelante su tesis. Tanto más después del bochornoso contraste de
un Congreso desolado esta semana cuando allí llegaron las víctimas a
contar sus penas, pero atiborrado hace tres años cuando ante él se
presentaron tres líderes paramilitares. Eso sin tener en cuenta, además,
que grandes beneficiados serían los congresistas involucrados en la
parapolítica, que mantienen sus lealtades en el Legislativo.
Sin embargo, el presidente Uribe ha dicho que quiere encontrar consensos y
debatir el tema “de cara al país” antes de presentar el proyecto. Sería lo
correcto que en efecto se hiciera ahora lo que no se hizo en estos cinco
años. Frente a la posibilidad de una paz sólida y creíble, la sociedad
está dispuesta a considerar elementos de justicia transicional, siempre y
cuando se parta de acuerdos, de unidad, no de imposiciones para sacar
adelante propósitos particulares. Ciertamente, comenzar la búsqueda de
consensos descalificando a la Corte Suprema —su primer interlocutor— por
un “sesgo ideológico” en su sentencia, no da muchas esperanzas de que en
realidad se esté buscando enderezar el camino.
PERIODICO EL TIEMPO LUNES 30 de Julio de 2007
EL CAMBIO EXTREMO
María Jimena Duzán
Probablemente muchos colombianos no avizoran aún el impacto demoledor que puede tener la cruzada nacional iniciada por el presidente Uribe, dirigida a transformar a los 'paracos' en delincuentes políticos.
Pero para colombianos como yo, esta cruzada es una vergüenza nacional. Eso de ver a un presidente jugándose a fondo por los 'paras', defendiendo a unos criminales que han dejado una estela de víctimas, invisibles en la sociedad y menospreciadas por sus victimarios, puede ser un acto audaz para muchos, pero a mí me parece un suicidio. Y si este mismo Presidente, estirando las fronteras éticas de un gobernante, decide no solo ponerse abiertamente del lado de los 'paras', con el propósito espurio de cumplir una promesa pactada con dicha mafia a espaldas del país -así lo afirma Báez-, sino que de contera se va en contra de la institucionalidad que representa la Corte Suprema de Justicia y sus fallos, y trata de arrinconarla señalándola como la responsable de que la Ley de Justicia y Paz esté atollada, no estamos precisamente ante un acto democrático, aunque así nos lo quieran mostrar: estamos ante una debacle institucional.
No dudo de que en esta polarización muchos colombianos tomen partido a
favor del Presidente y de los 'paras'. Yo, por mi parte, lo tomo por la Corte Suprema de Justicia y asumo su defensa con la misma convicción con que el Presidente aboga por la reputación de los 'paras'. Sería el colmo que, encima de todo, la Corte Suprema termine convertida en la mala del paseo, cuando el que está caminando sobre piedras calientes es el Presidente. Al fin y al cabo, es él y no la Corte quien está buscando a como dé lugar el estatus político para unos 'paras' que hasta hace unos años eran narcos fatutos interesados en pedir el estatus político como vía para evitar la extradición y de aspirar a los cargos públicos. Lo curioso es que antes los presidentes les negaban esa petición, por considerarla improcedente. Hoy, Uribe es el que aboga por ella. (Y después dicen que en Colombia no pasa nada).
Pero, además, ha sido el Presidente, no la Corte, quien ha buscado en más de una ocasión la excarcelación de sus copartidarios presos por cuenta de las investigaciones que en buena hora inició la Corte Suprema de Justicia y que pusieron al descubierto las fuertes relaciones entre los 'paras' y la clase política regional del país. Y lo ha hecho sin sonrojarse, como todo un varón.
Y ha sido el Presidente quien ha esbozado la tesis peregrina de que los parapolíticos son en su gran mayoría víctimas de las Auc y que estas prácticamente los conminaron a enriquecerse, a trastear votos y a resultar elegidos en contra de su voluntad. La Corte se ha limitado a actuar como corresponde y, gracias a estas pesquisas, el país ha conocido alguna verdad sobre la magnitud de los tentáculos del paramilitarismo en el país.
Si las cosas no estuvieran tan enredadas en Colombia, el Presidente
debería estar del lado de la Corte, no de los 'paras'. Debería estar
exigiéndoles más compromiso por la verdad y por la reparación, en lugar de andar haciendo lobby por ellos.
Si algo hay que reconocerle al presidente Uribe es que en su gobierno los 'paras' han sufrido un cambio de imagen aparentemente exitoso que
convencería hasta a la implacable Diana Neira, la gurú de la estética.
Primero convenció al país de que los paramilitares no eran ni asesinos ni narcotraficantes, sino héroes de guerra, a quienes les tocó defenderse de las Farc, en virtud de que el Estado nunca lo hizo, cuando en realidad para nadie era un secreto que el fenómeno del paramilitarismo había
crecido de la mano de los primeros narcotraficantes que asolaron a este país, como Pablo Escobar y Rodríguez Gacha. Ahora, el Presidente nos quiere convencer de que estos 'paras', desnarcotizados por arte de magia, ya no son héroes de guerra, sino alzados en armas que se han rebelado contra el Estado por razones altruistas. Solo falta que nos digan que el saqueo al erario público en beneficio propio y el despojo de tierras a los campesinos forman parte de su ideal de cambio.
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